El país que dejaremos a nuestros hijos.

Publicado por La Razón de La Paz, 29 de septiembre

José Luis Bedregal es especialista en Gestión Pública

Bolivia se ha venido convirtiendo en una sociedad que ha hecho de la violencia una forma de relacionamiento y de “organización” de lo social. Este hecho que a primera vista pareciera generar una preocupación de coyuntura que el común de la ciudadanía espera se solucione a partir del ansiado acuerdo de partes, tiene connotaciones delicadas y preocupantes en el futuro.

El hecho es que la violencia se volvió parte del diario vivir y se ha generalizado en el territorio nacional. En las zonas urbanas la violencia está presente en las calles, en las plazas y todos los hogares a través de los medios masivos de comunicación que en el cumplimiento de su trabajo y el rol que desempeñan, llenan sus espacios informativos y de publicidad con imágenes de la violencia desatada reiterándola cuantas veces les es posible.

El mensaje que recoge la ciudadanía en su conjunto es que en Bolivia impera la ley del más fuerte, es decir del que es capaz de imponer su voluntad e incluso su arbitrariedad más allá de cualquier consideración de orden legal e incluso superando conceptos básicos de convivencia civilizada.

El mensaje es que la ley no existe y si existe esta no tiene porqué ser cumplida. Está demás en este artículo hacer referencia al exabrupto del Señor Presidente respecto a su visión sobre el cumplimientote las leyes, ya este hecho queda en la resignación del anecdotario, aunque en realidad representa lo que una sociedad ha terminado de construir: Una sociedad organizada en torno a la violencia.

Han quedado atrás las recurrentes aseveraciones de nuestro Presidente cuando se reclamaba perteneciente a una “cultura del diálogo” (claro que jamás dijo a qué cultura se refería, pues su origen mas bien proviene de una cultura de pueblos guerreros). Pero como él es sólo un actor más que contribuye a nuestra cultura contemporánea, no se trata de echarle la culpa. Por el contrario se trata de reconocer que nuestra democracia había sido demasiado inmadura y débil como para pensar que avanzábamos a la constitución de una sociedad más evolucionada. Los hechos nos han vuelto a la realidad. Vivíamos en burbujas de modernidad urbana mientra la mayoría de nuestro pueblo ni se enteró que ya teníamos un sistema democrático, pues no se llegó a democratizar derechos básicos; no se llego a democratizar la oportunidades de desarrollo; no se llego a democratizar la esperanza de días mejores para pueblos enteros.

Hoy nuestros niños crecen con el mensaje de que la sociedad se organiza a partir de la voluntad del más fuerte; que no importa el derecho del otro; que no existen normas de convivencia que regulen nuestro comportamiento… Todo esto es muy grave, pues estamos siendo artífices de la construcción de los cimientos de la sociedad de nuestros niños, por lo tanto los efectos perniciosos de la actual confrontación no sólo llegan a nuestra cotidianeidad. No sólo llegan a nuestras perspectivas de progreso en lo económico y social, sino que de una forma determinante estamos construyendo la Bolivia de los próximos cincuenta años… A este paso tan o más violenta que la que hoy vemos por la Televisión. Considero que ha llegado la hora de reflexionar profundamente sobre lo que cada uno de nosotros esta haciendo o puede hacer para evitar esa catástrofe.

Jugando con fuego

Charles Darwin sostuvo que el odio se sustenta en el deseo de venganza y en la defensa de los intereses propios. “Si hemos sido o esperamos ser agredidos por alguien (…) ese alguien nos será desafecto; y el desafecto se convierte fácilmente en odio”, dijo. Odio que surge, según Erich Fromm, como respuesta a la amenaza de los intereses vitales y nos empuja a eliminar a aquel contrincante, enemigo, que dificulta nuestras posibilidades de triunfar y vivir.
El nivel actual de odio y violencia en Bolivia responde a esta realidad humana, pues durante centurias han existido sectores agredidos por otros, que haciendo uso del poder de las armas, el poder económico o el poder político, esclavizaron, explotaron, humillaron y marginaron a pueblos enteros que han acumulado un resentimiento natural propio del ser humano, que sólo una postura maniquea y demagoga podría negar. Hoy esos pueblos y los sectores marginados de nuestro tiempo se revelan organizados en masas politizadas que amenazan los intereses fundamentales de aquellos acostumbrados a un estilo de vida bastante favorecido, a costa de la miseria de bolivianos que apenas subsisten en condiciones propias de la colonia y el período feudal.
Es cierto que estamos viviendo un difícil proceso de cambio, donde lo que se pretende cambiar es justamente la tenencia del poder político, económico y territorial, hecho que ha llevado a Bolivia a su peor crisis existencial después de la Revolución Nacional de 1952, a tal punto de enfrentar a regiones enteras al calor de consignas que esconden los verdaderos intereses en juego.
El nivel de violencia ha sobrepasado todo lo tolerable, dando la señal de que estamos ingresando a otra etapa de la confrontación donde esa violencia es ejercida de manera planificada, aspecto que debe llevarnos a la preocupación, pues ante el agotamiento de los medios pacíficos lo que sigue es la confrontación bélica, tal como lo señalara Von Clausevitz.
Ya no interesa cuan catastrófico era el “empate” en el que nos encontrábamos, hoy lo catastrófico es la ceguera y la ambición desmedida de nuestros líderes políticos, ineptos e indignantemente irresponsables, incapaces de lidiar con los intereses de la CAINCO, que opera a través de sus representantes políticos en las prefecturas, comités cívicos y ahora con una brigada parlamentaria desprendida de PODEMOS.
En medio de todo esto ha surgido el dilema de la necesidad de promulgar una ley que viabilice el referéndum para la nueva Constitución, devolviendo de esta manera protagonismo político al Congreso Nacional que se convierte en el escenario potencial para un nuevo intento de diálogo, el que seguramente es una de las últimas oportunidades para el país y para la clase política de encontrar una solución en paz. Así se generarían condiciones para compatibilizar los proyectos de estatutos autonómicos con el proyecto de Constitución “masista”, como paso previo que permita viabilizar la consulta. El costo de no hacerlo puedo asegurar que será muy alto para el MAS, pero también será alto para el empresariado del país y por ende para los trabajadores y ciudadanos bolivianos que ya no sabemos como exigir un acuerdo por Bolivia y los bolivianos. (José Luis Bedregal – Es especialista en gestión pública)

¿Cuál soberano?

(Publicado el 2 de agosto en La Razón)

José Luis Bedregal V.

Los bolivianos no podemos olvidar que en este último período de nuestra democracia no se respetó la decisión del pueblo boliviano cuando, en el referéndum sobre el gas, el pueblo votó por que el destino de las utilidades de estos recursos estén orientados a salud, educación, caminos y generación de empleos, en la perspectiva de que bien invertidos pueden sacarnos de la pobreza, y no así a la creación de bonos que tienen un carácter clientelar, engrosan gasto corriente, no generan empleo y mucho menos desarrollo.
Lo mismo ocurrió con el referéndum sobre autonomías que, en términos legales, únicamente se debía discutir para los departamentos donde ganó el Sí. Sin embargo, no importa lo que el pueblo haya resuelto, el tema de la autonomía ya es discusión nacional y con versiones más peculiares como la “autonomía indígena” y la “autonomía regional”, incluso en departamentos donde el pueblo votó por el No y cuyo efecto debería ser vinculante en la nueva Constitución. Pero a los políticos les importa un comino la voluntad popular.
Con ese mismo criterio ahora no importa que hayamos votado por el presidente, el vicepresidente y los prefectos, porque ante la incapacidad de conducir al pueblo boliviano, la clase política ha visto una salida coyuntural, que no es otra cosa que ganar un poco de tiempo hasta que “algo pase”, porque ellos son incapaces de construir la solución del conflicto; o como un analista dijo: “Lanzan la papa caliente al pueblo”, papa que ellos calentaron y que ahora no pueden pelar… Vaya, ¡qué mala suerte tiene nuestro pueblo!
En medio de esto, hoy cualquier “ilustre” tiene el derecho de hacer interpretaciones antojadizas de las leyes y las atribuciones constitucionales —claro, en caso de que pertenezca al desubicado grupo de personas en Bolivia que todavía cree que las leyes deben cumplirse, así nos incomoden— con lo que el debate ha devenido en la posibilidad de que el referéndum revocatorio quede en medio camino ante las observaciones y denuncias de los últimos días. Sin embargo ya es tarde; pareciera que las cartas están echadas y sólo hace falta ver el resultado… no importa el descrédito de la Corte Nacional Electoral y que las cortes departamentales se hayan sumado o no a la chacota de los prefectos. Aquí lo que menos interesa es la seriedad y menos la legalidad. Así que ahora a comer… que la sopa está servida.
Lo cierto es que después del referéndum el país únicamente observará un leve movimiento en el tablero político, sin mayores efectos en la correlación de fuerzas, más aún porque nadie ganará ni perderá en su totalidad, por lo que desde las trincheras de ambos lados de la pelea las victorias del otro y las derrotas de uno serán duramente desacreditadas e ingeniosamente interpretadas en el afán de mantener la legitimidad que hoy se atribuyen.
La voluntad del pueblo nuevamente quedará ignorada por los políticos de la oposición y el oficialismo. La victoria de cualquiera de las partes no tendrá la contundencia necesaria para dejar clara la “voluntad del soberano” y este chiste de mal gusto nos habrá costado más de 60 millones de bolivianos, con los que se hubiera podido hacer algo por los bolivianos de carne y hueso que deambulan y duermen en nuestras calles absolutamente ignorados por nuestra gran clase política.

¿Y ahora qué?

La Paz, 19 de Mayo de 2008

José Luis Bedregal V. es especialista en Gestión Pública

En la confrontación existente entre el Gobierno del MAS y la derecha nacional opositora, ambos han ido ganando y perdiendo adeptos al paso de los golpes que fueron asestando al enemigo, pero también han ido gestando un sentimiento de cansancio, pues la gran mayoría de los ciudadanos de esta nación no vive de hacer política, sino de lo que logra con mucho esfuerzo en el trabajo cotidiano.

Luego del duro golpe recibido por el gobierno el 4 de mayo, éste no consigue salir de su aturdimiento y comienza a defenderse como lo haría cualquier boxeador “grogui” en esas mismas condiciones. Ha insultado al Cardenal e inmediatamente le pide que siga interponiendo sus buenos oficios (¿?); ha dicho que el Estatuto Autonómico fue rechazado por el pueblo cruceño y que el referéndum fue un rotundo fracaso (¿?) y luego que se debe tomar en cuenta la voluntad del pueblo cruceño. Finalmente desde la Corte Nacional Electoral, como corolario de esa desesperación, en otro movimiento insulso intentó frenar los referéndum de Pando, Beni y Tarija emitiendo una torpe resolución sin los formalismos del caso.

Queda claro que quienes ganaron este round fueron los cívicos, políticos y empresarios del oriente con regocijo de los mismos sectores de gran parte de occidente. Sin embargo, no se puede dejar de lado que la victoria del estatuto autonómico, repartió golpes también a sus impulsores, pues el ausentismo y el NO están ahí y son una dura señal del pueblo cruceño y un llamado importante a la concertación regional y nacional.

De aquí en adelante la oposición alargará la posibilidad de negociar y llegar a acuerdos esperando un mayor desgaste del Presidente Morales, esto en virtud a nuevas derrotas previsibles tanto en los referendums autonomistas de Pando, Beni y Tarija como en las elecciones de Prefecto en Chuquisaca. Derrotas que dejarán al Gobierno en una situación muy delicada, que sin embargo sería mantenida de esa forma (sin llegar al jaque mate), con la mira puesta en la finalización de su mandato en condiciones de debilidad tal que lo lleve a la derrota electoral impensable hace apenas un año atrás.

En medio de todo esto y de manera sorpresiva, el Senado se ha apresurado a aprobar la Ley del Referéndum Revocatorio y el Presidente la promulgó con la misma celeridad a pesar de las incongruencias e ilegalidades que ésta conlleva y que cualquier ciudadano podría demandar su inconstitucionalidad. Sin embargo, es en este escenario de desorden en el que la oposición espera una merma del apoyo popular al Presidente Morales.

La revocatoria de mandato de Morales sería una sorpresa para ellos mismos y encontraría a la oposición sin condiciones para afrontar una elección (sin candidato, sin estructura, sin programa y muy divididos a la hora de definir liderazgos); ésto los llevaría a una nueva derrota y la prolongación absurda de esta “crisis” por tiempo indefinido ante la permanencia de la paridad de fuerzas -factor esencial en el conflicto- que no se resuelve convocando a referendums ni elecciones de ningún tipo y que únicamente ocasionarán un dispendioso y millonario gasto con un Gobierno Central y nueve Prefecturas avocadas exclusivamente a la campaña electoral, dejando de lado la gestión pública, paralizando la inversión y dejando en suspenso la atención a las necesidades de los bolivianos, tentación en la que incluso caerán muchos municipios.


El gobierno y los prefectos, de manera prioritaria, destinarán los recursos de los bolivianos a una arremetida propagandística y de movilizaciones de sus grupos civiles en aras de ganar adeptos y denigrar al contrario. Mientras tanto los bolivianos observaremos un año más de parálisis económica y por ende crecimiento del desempleo, pérdida de la capacidad productiva y aumento de la inflación. Los bolivianos veremos día a día cómo suben los precios y aumentan el contrabando y la especulación; no mejoraran la salud ni la educación.

Comienza un nuevo asalto en este enfrentamiento. El Presidente tiene un margen muy estrecho de movimiento, sin embargo cuenta aún con la fuerza de los sectores populares y el apoyo internacional; en tanto los Prefectos de oriente y el sur del país cuentan con el apoyo de sus regiones. Esta pelea todavía ha de durar y en ella pierde el país, pierde nuestra economía, pierden tanto los empresarios como los obreros y seguiremos perdiendo todos mientras los dirigentes políticos (en los que incluyo a los “cívicos”) no se sienten en la mesa dispuestos de una vez por todas a avanzar en la solución de la crisis.

Desarrolo desde el municipio

La Razón, 15 de julio 2008

Desarrollo desde los municipios

Mientras Bolivia destina de manera compulsiva recursos económicos a procesos de confrontación política y múltiples jornadas electorales, la región y el mundo avanzan irremediablemente hacia el desarrollo, profundizando para ello procesos de descentralización de las funciones públicas hacia gobiernos subnacionales. En este caso, nos referimos a los gobiernos municipales autónomos, instancias públicas que han logrado resistir, aunque no sin muertos ni heridos en el camino, al desmoronamiento del Estado nacional.
La tendencia internacional a favor de la territorialización de las estrategias de desarrollo económico es cada vez mayor. Crece la demanda por que las políticas orientadas a la creación y mejora del aparato productivo, así como a la creación de empleo, estén enmarcadas en las condiciones y las características de territorios específicos, permitiendo además mejorar el control ciudadano sobre el uso de los recursos y el ejercicio de la función pública. La descentralización de los poderes del Estado, por tanto, constituye un paso significativo y decisivo en el proceso de democratización de las estructuras políticas, pues como resultado inmediato posibilita el acercamiento entre los ciudadanos y los gobernantes.
Queda claro que es ineludible trabajar en el potenciamiento de las competencias necesarias para que funcionarios locales e instituciones estén en condiciones de gestionar el desarrollo de la economía local como parte sustancial de una estrategia de desarrollo de la competitividad nacional, hoy inexistente por falta de visión de los actores políticos y económicos.
La globalización de las economías, aparejada a la descentralización, demanda nuevas actitudes y responsabilidades tanto a gobiernos como al sector privado. Entre éstas está una mayor descentralización política hacia los municipios que conlleva transferencia de la competencia de gasto y por supuesto una mayor desconcentración fiscal, lo que implica transferencia de ingresos fiscales (impuestos, patentes, etc.). Otro aspecto importante está referido al fortalecimiento institucional de los gobiernos locales, que debería traducirse en la capacitación de los funcionarios públicos, implementación de la carrera administrativa y mejora en la gestión de los servicios públicos, entre otras acciones.
Bolivia no debe perder esta inestimable oportunidad de encaminarse hacia el desarrollo económico y la mejora de la competitividad desde el territorio. Si esto ocurre, posibilitará la tan ansiada mejora de las condiciones sociales de la población, así como el desarrollo económico competitivo y sostenible con la participación activa de la micro, pequeña y mediana empresa que juegan un papel importante en la generación de rentas locales, posibilitando la creación de empleo y el fortalecimiento de los sistemas productivos.
Encaminemos pues los abundantes recursos que hoy recibe el país hacia la inversión productiva en lugar de seguir incrementando el gasto público, recurso fácil al que han echado mano tanto el Gobierno central como las prefecturas en el afán de capitalizar simpatías de orden político y electoral.
*José Luis Bedregal V.es especialista en gestión pública.

Desarrollo desde los municipios

(La Razón, 15 de Julio de 2008)

José Luis Bedregal*

Mientras Bolivia destina de manera compulsiva recursos económicos a procesos de confrontación política y múltiples jornadas electorales, la región y el mundo avanzan irremediablemente hacia el desarrollo, profundizando para ello procesos de descentralización de las funciones públicas hacia gobiernos subnacionales. En este caso, nos referimos a los gobiernos municipales autónomos, instancias públicas que han logrado resistir, aunque no sin muertos ni heridos en el camino, al desmoronamiento del Estado nacional.
La tendencia internacional a favor de la territorialización de las estrategias de desarrollo económico es cada vez mayor. Crece la demanda por que las políticas orientadas a la creación y mejora del aparato productivo, así como a la creación de empleo, estén enmarcadas en las condiciones y las características de territorios específicos, permitiendo además mejorar el control ciudadano sobre el uso de los recursos y el ejercicio de la función pública. La descentralización de los poderes del Estado, por tanto, constituye un paso significativo y decisivo en el proceso de democratización de las estructuras políticas, pues como resultado inmediato posibilita el acercamiento entre los ciudadanos y los gobernantes.
Queda claro que es ineludible trabajar en el potenciamiento de las competencias necesarias para que funcionarios locales e instituciones estén en condiciones de gestionar el desarrollo de la economía local como parte sustancial de una estrategia de desarrollo de la competitividad nacional, hoy inexistente por falta de visión de los actores políticos y económicos.
La globalización de las economías, aparejada a la descentralización, demanda nuevas actitudes y responsabilidades tanto a gobiernos como al sector privado. Entre éstas está una mayor descentralización política hacia los municipios que conlleva transferencia de la competencia de gasto y por supuesto una mayor desconcentración fiscal, lo que implica transferencia de ingresos fiscales (impuestos, patentes, etc.). Otro aspecto importante está referido al fortalecimiento institucional de los gobiernos locales, que debería traducirse en la capacitación de los funcionarios públicos, implementación de la carrera administrativa y mejora en la gestión de los servicios públicos, entre otras acciones.
Bolivia no debe perder esta inestimable oportunidad de encaminarse hacia el desarrollo económico y la mejora de la competitividad desde el territorio. Si esto ocurre, posibilitará la tan ansiada mejora de las condiciones sociales de la población, así como el desarrollo económico competitivo y sostenible con la participación activa de la micro, pequeña y mediana empresa que juegan un papel importante en la generación de rentas locales, posibilitando la creación de empleo y el fortalecimiento de los sistemas productivos.
Encaminemos pues los abundantes recursos que hoy recibe el país hacia la inversión productiva en lugar de seguir incrementando el gasto público, recurso fácil al que han echado mano tanto el Gobierno central como las prefecturas en el afán de capitalizar simpatías de orden político y electoral.
*José Luis Bedregal V.es especialista en gestión pública.

Intolerancia que vale

(La Razón, 7 de julio de 2008)

Construir una sociedad intolerante a todo aquello que degrada la vida, ha sido el mensaje del diálogo que llevaron adelante autoridades del Gobierno central, municipios, representantes de organizaciones de la sociedad civil y el ex alcalde mayor de Bogotá, Antanas Mockus.
En este encuentro, luego de analizar los logros alcanzados en la experiencia bogotana, se ha debatido sobre distintas visiones culturales y sociopolíticas y las razones por las que el grado de sometimiento a las reglas de comportamiento en La Paz y otras capitales departamentales es absolutamente bajo. Las causas de esta realidad, que demerita la calidad de vida de nuestra población, tiene factores como la falta de conciencia ciudadana de quienes desarrollan sus actividades en las urbes pero no logran hacer suyas sus normas, pues les son desconocidas, ajenas o en definitiva no perciben que su cumplimiento les reporte una utilidad o beneficio.
La alta movilidad poblacional de un centro urbano a otro genera niveles bajos de identidad y poco respeto al territorio. Esto se une a la falta de visiones interculturales y al carácter poco participativo del proceso de elaboración de leyes e instrumentos legales que tienen como fin regular la convivencia.
Los hábitos y costumbres, muchas veces enmarcados en “valores” culturales, suelen imponerse al bienestar común (fogatas en San Juan, fiestas y entradas folklóricas en vías públicas durante todas las semanas del año, juego con globos de agua en carnavales), sin considerar a niños, ancianos, vecinos o transeúntes obligados a soportar el total descontrol e irrespeto al derecho de los demás. Nuestra convivencia, por tanto, parece estar orientada por el criterio de que “el derecho de los demás termina donde comienza mi derecho”, aspecto tolerado por nuestra sociedad y que refleja una actitud altamente permisiva, según uno de los panelistas.
No cabe duda de que, ante esta realidad, descrita superficialmente en este artículo, corresponde construir una identidad y conciencia ciudadanas que permitan dotarnos de instituciones e instrumentos que nos conduzcan a un cambio de actitud. Entre las acciones están el luchar por la eliminación de la discriminación en la aplicación de las normas y sanciones; diseñar adecuados programas de educación ciudadana con intervención de actores sociales; revisar y generar normas con participación de diferentes sectores de la comunidad; estimular una actitud de cumplimiento a la ley apoyados en las diversas visiones culturales que hacen a nuestra “híbrida identidad cultural”, como lo señaló el Viceministro de Culturas.
Esto sólo es posible en la medida en que renunciemos a costumbres y hábitos negativos en aras de contar con normas orientadas a la consecución de efectos sociales positivos, por encima de aspectos de orden cultural o moral, pues se trata de que todos, aceptándonos como somos, reconociendo y respetando nuestras diferencias, vivamos en una sociedad mejor (...)

CON MUCHO DINERO Y POCAS IDEAS

(Escrito hace ocho meses atrás)

A pesar de la bonanza de ingresos que vive Bolivia, que debiera prepararnos para dejar en un futuro próximo esta situación de pobreza secular, parecieran no existir condiciones que permitan pensar en que ésta es la oportunidad histórica para dar el salto a un Estado moderno enrumbado en el siglo XXI.

Que lejos estamos de una clase política y líderes sociales, que inicie la discusión sobre la necesidad ineludible de contar con un “imperio de la ley”, un buen sistema de derechos de propiedad o una burocracia profesional, factores que entre otros, hacen a un Estado preparado para el crecimiento económico y el desarrollo de su pueblo.

La tradición cultural, casi imposible de modificar debido a la ausencia de liderazgos políticos capaces de propugnar nuevas formas culturales de organización, acción y gobierno, contribuye a lo oscuro del panorama. Es que queda claro que se rifó la oportunidad de discutir y consensuar con responsabilidad y sabiduría estos temas, en un amplio y serio proceso pre constituyente y en una constituyente que fuera capaz de elaborar un texto acorde a las necesidades de desarrollo de casi nueve millones de habitantes que no sólo aspiran a “vivir bien” sino también a “vivir mejor”.

Es hora pues de demandar y producir nuevas propuestas para la cultura y la naturaleza de las instituciones públicas y privadas de este país. Pues nada se ha resuelto hasta ahora ni se ha de resolver con poses y atrincheramientos que responden a intereses limitados e incluso anti nacionales.

Las elecciones políticas han de ser determinantes en la definición de la senda de desarrollo o el camino al nuevo oscurantismo y la confirmación de la inviabilidad nacional. La definición de las futuras contiendas, muchas de ellas electorales en manos del pueblo, posibilitará o no el surgimiento de las nuevas visiones que permitan crear instituciones con mayor grado de legitimidad política ante el pueblo y con alguna resonancia en la cultura e impacto sobre las instituciones preexistentes. Para ello la contribución de todos los bolivianos se hace imprescindible ante esta sequía de propuestas e ideas serias en el campo de la economía y la política.

Sólo así será posible comenzar la construcción de un estado moderno que se proyecte al futuro en condiciones más favorables.

MSc. José Luis Bedregal V.

Municipios y crisis del Estado

La Razón, 3 de junio de 2008

Municipios y crisis del Estado
José Luis Bedregal


El desmoronamiento de las instituciones del Estado puede describirse de manera puntual de la siguiente forma: en el Poder Ejecutivo, ausencia e incumplimiento de planes de desarrollo nacional, carencia de políticas institucionales, inexistencia de servidores públicos de carrera y excesiva movilidad de funcionarios; en el Poder Legislativo, descrédito ante las constantes componendas y negociados, abuso de la inmunidad devenida en impunidad, falta de capacidad legislativa y fiscalizadora y por ende pérdida de protagonismo en el quehacer político; el Poder Judicial está carcomido por la corrupción y la ineficiencia y calificado por la sociedad como la institución más corrupta a la par de la Policía Nacional; la Corte Nacional Electoral, desmantelada y sin credibilidad para sus actos, con terribles consecuencias para la democracia boliviana.
Finalmente, las superintendencias, que fueron un gran avance institucional reconocido por sus normativas y equipos técnicos, han sido arrasadas y viven al borde de su desaparición por la ineficiente aplicación de sus instrumentos y un descrédito causado por su parcialización con los operadores de los servicios, dejando de lado los intereses del consumidor.
Ante este panorama desolador quedan únicamente los municipios que, a pesar de sus debilidades reflejadas en limitaciones de orden técnico-administrativo sobre todo en las áreas rurales, insuficiente y poco oportuna acción fiscalizadora o el mal uso del voto constructivo de censura, han resistido el vendaval desmantelador de anteriores y de la actual gestión política del Gobierno.
La construcción del nuevo país puede tener un mayor éxito si pasa por los poderes locales, es decir, por el fortalecimiento de los gobiernos municipales y sus autonomías, que funcionan y han permitido el desarrollo en el área urbana y rural como nunca se dio en Bolivia. La educación y la salud, factores esenciales para el avance, se han visto beneficiadas a partir de la descentralización del manejo de sus infraestructuras; los procesos de contratación de bienes y servicios en los últimos años han sido efectuados con mayor equidad y transparencia (sobre todo a partir del uso de las ferias a la inversa) para beneficio de los proveedores nacionales.
Por tanto, sería conveniente para el país avanzar en la construcción del nuevo Estado inclusivo, justo, eficiente y descentralizado, fortaleciendo la autonomía municipal, en lugar de crear un país Frankeinstein. Esto no niega las autonomías departamentales, pero su aplicación debería fortalecer a los municipios, que es donde el Estado está más cerca de las necesidades ciudadanas; donde es más profunda y democrática la participación del boliviano y, sobre todo, porque las instituciones son factor primordial de crecimiento económico, pues determinan incentivos para los actores de la economía e influyen las inversiones. Y en esto los municipios han avanzado a partir del DS 29565, marcando una nueva etapa del municipalismo boliviano que se dota de un instrumento para dejar de ser una ´alcaldía obrista´ y entender que su autonomía es para conducir al municipio hacia su desarrollo político, económico y social.
Ahora, depende de los munícipes jugar un rol preponderante y coadyuvar a la reconfiguración del Estado en base a la autonomía municipal y, además, no permitir que se retroceda en lo logrado.

Desde Caracas sobre los cheques venezolanos

La Razón, Caracas 11 de Junio

CHEQUES VENEZOLANOS

Un elevado costo político interno está pagando Morales el acercamiento que ha tenido con Chávez desde sus primeros meses de gestión. Ha adoptado sumisamente las directrices y el programa dictado desde Caracas a cambio de generosas e impúdicas dádivas que avergüenzan a la mayoría de los bolivianos, como lo confirman los columnistas independientes.
Sin embargo, después de la derrota en el referendo del 2 de diciembre, Evo trató de recomponer las relaciones con Brasil que se habían deteriorado a raíz del trato dado a la emblemática Petrobrás en la nacionalización de los hidrocarburos que por poco no causaron la derrota de Lula da Silva en las elecciones presidenciales. En la citada cumbre de Alba veladamente se asomó el riesgo que Brasil correría con motivo de la actual “crisis revolucionaria” en Bolivia, debido a que este país suministra gas a las principales ciudades brasileñas y a importantes empresas industriales. Se habló de peligro en los suministros energéticos que también son fundamentales para Argentina y para Chile que recibe gas boliviano en un comercio triangulado.
El analista José Luís Bedregal nos revela en La Razón que Evo Morales ha tenido “la precaución de entregar a tiempo (semanas antes del estallido de la tormenta) sendos cheques venezolanos a las organizaciones sociales que podría entenderse como un soborno a los dirigentes de los movimientos sociales indígenas, afectos al gobierno, hecho frecuente en la política nacional, pero jamás practicado a la luz de los medios de comunicación con guirnaldas y fanfarrias al “hermano” Hugo Chávez”.
Se queja el periodista Bedregal porque los medios no dan importancia al hecho y pasan esto “como si fuera normal que el presidente reciba dinero de un gobierno extranjero y en condiciones desconocidas”. Se pregunta por el Congreso y a nombre de quién se reciben esos dineros: el estado, el gobierno, Evo, el MAS y sobre el control y fiscalización de esos recursos. Tiene que admitir que las organizaciones beneficiadas con las dádivas “están chochas de la vida. Nunca tuvieron en sus manos cheques fresquitos por los que no tendrán que rendir cuentas a nadie”.

El conflicto boliviano visto hace 60 días

La Razón, Jueves 24 de Abril 2008

Al borde de la desesperación José Luis Bedregal V.

Las posiciones asumidas tanto por opositores como oficialistas, de un momento a otro pueden tener distintas reacciones que van desde la más visceral agresividad hasta el entusiasmo desmedido por mostrar su vocación de diálogo. Lo cierto es que ni unos ni otros dicen lo que realmente piensan y quieren.
Los dirigentes de la ´Media Luna ampliada´ han comenzado a ver dificultades en la aplicación de sus estatutos luego del 4 de mayo, lo que los pondrá en una situación difícil ante sus electores. Por esta razón, ya lanzaron mensajes para encontrar una solución luego de esta fecha. Estos han ido desde la poco seria propuesta del Prefecto de Cochabamba, que plantea la elección de nuevos constituyentes, como si el problema fuera de personas y no de visiones políticas encontradas e intereses económicos poderosos, hasta llamamientos que vienen del sur para compatibilizar los proyectos de Constitución y estatutos autonómicos. Como a estos llamados el Gobierno ha hecho oídos sordos, la Media Luna no ha dejado los aprontes para el escenario de la confrontación.
El Gobierno, por su parte, barajó la posibilidad de una intervención a través de sus denominados movimientos sociales, obviamente apoyados por la Policía y el Ejército. A estas alturas, esta opción estaría descartada sin que esto signifique no movilizar a sectores que apoyarán el boicot desde dentro, es decir, desde los grupos y territorios afines al MAS. Por tanto, violencia habrá pero no en la magnitud que algunos en el Palacio Quemado y otros en Santa Cruz añoran.
En esta línea, el Presidente, alentado por sus solícitos asesores, ha tomado la precaución de entregar a tiempo sendos cheques venezolanos a las organizaciones sociales, lo que podría entenderse como un soborno a dirigentes, hecho frecuente en la política nacional, pero jamás practicado a la luz de los medios de comunicación con guirnaldas y fanfarrias incluidas.
Lastimosamente los medios no reparan en esto, como si fuera normal que el Presidente reciba dinero de un Gobierno extranjero de manera directa y en condiciones desconocidas. ¿Dónde está la fiscalización del Congreso? ¿Acaso no existe una Ley del Presupuesto? ¿El Presidente puede recibir dinero de un Gobierno extranjero? ¿A nombre de quién lo recibe? ¿Del Estado boliviano? ¿Del Gobierno?, ¿Del MAS? ¿De Evo?
Si es a nombre del Estado boliviano, ¿quién programa y fiscaliza estos recursos? Estas son preguntas que no deberían darse en un Estado medianamente serio; pero no estamos como para pensar que nosotros vivimos en uno de esa categoría. Lo cierto es que las organizaciones sociales están chochas de la vida, pues nunca tuvieron en sus manos cheques fresquitos de los que parece no habrá que rendir cuentas más tarde. Lo penoso es que de esta forma se termina de corromper a organizaciones como la FSTMB, otrora emblema de la lucha del proletariado boliviano y latinoamericano. Otras como la Fejuve de El Alto o la oscura Coordinadora de los Movimientos Sociales ya estaban salpicadas de denuncias de recibir dinero y prebendas en otras gestiones. Qué pena, pues así la COB, las COR, sindicatos de colonizadores, organizaciones vecinales y otros gremios, van perdiendo prestigio y respeto ante el pueblo y sus bases.