(La Razón, 7 de julio de 2008)
Construir una sociedad intolerante a todo aquello que degrada la vida, ha sido el mensaje del diálogo que llevaron adelante autoridades del Gobierno central, municipios, representantes de organizaciones de la sociedad civil y el ex alcalde mayor de Bogotá, Antanas Mockus.
En este encuentro, luego de analizar los logros alcanzados en la experiencia bogotana, se ha debatido sobre distintas visiones culturales y sociopolíticas y las razones por las que el grado de sometimiento a las reglas de comportamiento en La Paz y otras capitales departamentales es absolutamente bajo. Las causas de esta realidad, que demerita la calidad de vida de nuestra población, tiene factores como la falta de conciencia ciudadana de quienes desarrollan sus actividades en las urbes pero no logran hacer suyas sus normas, pues les son desconocidas, ajenas o en definitiva no perciben que su cumplimiento les reporte una utilidad o beneficio.
La alta movilidad poblacional de un centro urbano a otro genera niveles bajos de identidad y poco respeto al territorio. Esto se une a la falta de visiones interculturales y al carácter poco participativo del proceso de elaboración de leyes e instrumentos legales que tienen como fin regular la convivencia.
Los hábitos y costumbres, muchas veces enmarcados en “valores” culturales, suelen imponerse al bienestar común (fogatas en San Juan, fiestas y entradas folklóricas en vías públicas durante todas las semanas del año, juego con globos de agua en carnavales), sin considerar a niños, ancianos, vecinos o transeúntes obligados a soportar el total descontrol e irrespeto al derecho de los demás. Nuestra convivencia, por tanto, parece estar orientada por el criterio de que “el derecho de los demás termina donde comienza mi derecho”, aspecto tolerado por nuestra sociedad y que refleja una actitud altamente permisiva, según uno de los panelistas.
No cabe duda de que, ante esta realidad, descrita superficialmente en este artículo, corresponde construir una identidad y conciencia ciudadanas que permitan dotarnos de instituciones e instrumentos que nos conduzcan a un cambio de actitud. Entre las acciones están el luchar por la eliminación de la discriminación en la aplicación de las normas y sanciones; diseñar adecuados programas de educación ciudadana con intervención de actores sociales; revisar y generar normas con participación de diferentes sectores de la comunidad; estimular una actitud de cumplimiento a la ley apoyados en las diversas visiones culturales que hacen a nuestra “híbrida identidad cultural”, como lo señaló el Viceministro de Culturas.
Esto sólo es posible en la medida en que renunciemos a costumbres y hábitos negativos en aras de contar con normas orientadas a la consecución de efectos sociales positivos, por encima de aspectos de orden cultural o moral, pues se trata de que todos, aceptándonos como somos, reconociendo y respetando nuestras diferencias, vivamos en una sociedad mejor (...)
lunes, 7 de julio de 2008
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